Activistas en CDMX piden ley para impedir que los desalojen durante la pandemia del COVID-19

Activistas del Observatorio Vecinal 06600 de la Colonia Juárez bajo el liderazgo de Sergio González, impulsan la iniciativa RentaJusta. Este colectivo de la Ciudad de México propone urgentemente la aprobación de una “Ley Inquilinaria” que garantice que ninguna persona sea desalojada de su vivienda por falta del pago de renta durante la pandemia de coronavirus COVID-19 y facilite mecanismos de negociación entre arrendadores y arrendatarios. 

La propuesta señala que el Estado debe asumir un rol central de regulación y mediación equilibrada entre arrendadores e inquilinos, de manera que la ayuda a una de las partes no afecte indebidamente a los propietarios.

También se señala en esta iniciativa la necesidad de que existan previsiones legales que permitan paralizar, reducir o suspender y prorrogar, sin ninguna penalización, pagos de rentas de inmuebles usados para viviendas o micro y pequeños negocios familiares a solicitud de la persona que compruebe su situación de necesidad. 

De acuerdo a esta propuesta el Estado deberá facilitar el acuerdo entre las partes, e incluso establecer un organismo de mediación entre ellas. El propietario de una vivienda que pueda demostrar que depende del pago de la renta para satisfacer sus necesidades básicas y que no ha cobrado el mismo por las razones antes señaladas deberá recibir un apoyo por parte del Estado para que la medida sea equilibrada y no perjudique a ninguna de las partes.

Otros elementos de esta iniciativa se refieren a que:  El Estado regule el mercado de precios inmobiliarios para evitar que estos aumenten durante la pandemia.  

La creación de mecanismos de vigilancia de la relación contractual entre inquilinos y arrendadores para sancionar abusos de alguna de las partes. 

La habilitación de refugios temporales para personas sin vivienda, con acceso a todos los servicios para evitar que se vuelvan focos de infección del nuevo coronavirus.

El líder de este colectivo sostiene que una legislación como esta, no solo garantiza a cientos de familias el acceso al derecho a la vivienda digna, sino que, al procurar la larga permanencia de las familias en un mismo lugar, también contribuiría al fortalecimiento del tejido social y al combate a la inseguridad.

Sin duda es un tema controversial que involucra a la sociedad, al estado y a los particulares, pero hasta qué punto deberá considerarse un tema económico que azota a todo el mundo y que rompe la economía de personas y empresas y que obliga a todos a reestructurar el ingreso y la distribución del mismo hacia lo verdaderamente importante para preservar la vida. 

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